El gobernador de Florida aprueba una ley contra Cuba que no puede aplicar
En un gesto político inédito, el gobernador de Florida,
Rick Scott,
se mofó abiertamente de la comunidad cubana exiliada, al firmar una ley
que limita el comercio del estado con Cuba y Siria, y una hora después
envió una carta a Washington diciendo que la ley no se puede aplicar.
Según la ley, a partir del 1 de julio toda empresa que tenga negocios
con Cuba y Siria queda imposibilitada de firmar contratos superiores a 1
millón de dólares con los gobiernos locales en Florida, una medida que
afecta a una panoplia de sociedades internacionales que van desde
constructoras hasta aerolíneas.
El martes, rodeado de la crema y la nata del anticastrismo local y un
par de desconocidos opositores sirios, Scott dijo que si bien
"quiero más empleos, los principios son importantes" y "esta ley recuerda (a los empresarios) que hay que decidir si se está a favor de una dictadura o de la libertad".
Fue una ceremonia florida, donde Scott abrazó a ex presos cubanos,
estrechó las manos de políticos y empresarios, se fotografió con los
activistas exiliados, les dijo a todos que pronto "acabará el régimen
comunista" y hubo muchos "abajo los Castro".
Imposible puesta en marcha de la ley
Pero lo que Scott no les dijo, ni siquiera lo dio a entender, es que
de momento esta ley, celebrada por todo lo alto, no se puede aplicar sin
el consentimiento del Congreso federal y el presidente
Barack Obama, que los exiliados tanto odian.
Primero, el Congreso debe autorizar expresamente que estados como
Florida puedan restringir el comercio con Cuba y Siria, después Obama
tiene que firmar esa autorización, porque
hay un conflicto entre las leyes federales y la que fue promulgada.
"Precisamente porque puede existir un conflicto como este, no la
podemos poner en efecto sin que el Congreso apruebe y el presidente
(Barack) Obama firme una ley que autorice a los estados imponer
sanciones independientes, como estas contra Siria y Cuba", escribió
Scott en una carta, revelada por su oficina una hora después de
terminada la ceremonia.
"Por ello, hago un llamado al presidente Obama a que promueva una
legislación federal que permita a Florida ir más allá de las
regulaciones federales. Los regimenes cubano y sirio no son mejores que
Irán o Sudán, y el gobierno federal debe permitir a los gobiernos
estatales que impongan las mismas sanciones a este tipo de dictaduras",
agregó el gobernador.
Las reacciones no se hicieron esperar. El gobernador "no sintió ni
una sola palabra de lo que dijo. Una hora después de mofarse de la
comunidad, publicó una carta intentando colocar un freno a la aplicación
de la ley, diciendo que hace falta una aprobación federal", dijo
Mauricio Claver Carone, director de un blog con sede en Washington, vinculado a los grupo de presión de los exiliados cubanos.
"El hecho es que el congreso ya ha aprobado una serie de sanciones
hacia Cuba y Siria, por lo tanto esta ley (estatal) es consistente con
la federal”, escribió Claver en una correo electrónico enviado a varios
medios.
Durante la ceremonia, la congresista republicana
Ileana Ros-Lehtinen
refirió enigmáticamente a ELMUNDO.es que "esperemos que el presidente
Obama apruebe esto", pero enfatizó que la nueva ley estatal es
"perfectamente legal" y "quien no le guste que vaya a los tribunales".
La ley fue promovida hace dos meses en la legislatura estatal por la
totalidad de los congresistas y senadores cubanoamericanos de Florida,
después que se supo que la constructora brasileña Odebrecht se encuentra
trabajando en la remodelación del puerto de Mariel, en la costa norte
de Cuba.
Cambio en las reglas de licitación
En Miami se encuentra la sede de Odebrecht USA, la filial de la
empresa brasileña, que ha sido responsable por la mayoría de las grandes
obras municipales promovidas por el condado Miami-Dade, como son los
dos terminales del aeropuerto de la ciudad, dos estadios, un gigantesco
centro de artes musicales y un pabellón deportivo, todo valorado en casi
2.000 millones de dólares. Actualmente, la firma brasileña está pujando
por otro contrato de 70 millones, para la construcción de un hotel y un
centro de convenciones dentro del aeropuerto, que es propiedad
municipal.
Pero, como la ley no menciona a ninguna empresa en particular,
termina por afectar a todas las que, en un mundo globalizado, tienen
presencia tanto en el sur de Florida como en Cuba. Aunque los promotores
del proyecto, como el concejal municipal del condado,
José 'Pepe' Hernández,
apuntan que la ley no es retroactiva, su promulgación por Scott puede
perjudicar mucho a las empresas extranjeras que se quieran postular a
las obras públicas o han hecho ya inversiones a la espera de las
licitaciones.
"Vamos a cambiar la reglas de las licitaciones. Probablemente habrá
un requisito que será que ninguna empresa que tenga negocios en Cuba
pueda trabajar con la ciudad", dijo a ELMUNDO.es el alcalde de la ciudad
de Miami,
Tomás Regalado. El edil recordó que "no se
prohíbe que esas empresas inviertan aquí. Si lo quieren hacer no podemos
impedirlo. Pero no harán negocios con nosotros. En eso (Miami) será
como un ‘conejillo de indias’".
"Queremos ser los primeros en aplicar esto", enfatizó Regalado
durante la ceremonia. Tras hacerse pública la carta de Scott al Congreso
federal, no fue posible localizar al alcalde para que comentara.
Empresas españolas afectadas
Además de la firma brasileña, en Florida operan una serie de empresas
españolas, canadiense, francesas o mexicanas, ligadas a la
construcción, servicios o industriales, que poseen importantes contratos
con los sistemas escolares, sea para construir o remodelar escuelas y
planteles, prestar servicios como recogida de basura o manutención del
servicio eléctrico.
El aeropuerto de Miami, recibe diariamente dos vuelos de Iberia y Air
Europa, que tienen contratos con las autoridades locales para usar las
instalaciones y ambas aerolíneas también vuelan a Cuba.
"Esto son detalles que serán estudiados y definidos por los tribunales",
apuntó a ELMUNDO.es, el concejal 'Pepe' Díaz, encargado de la
supervisión del aeropuerto y el puerto de Miami y a quien también fue
imposible localizar tras conocerse la carta de Scott.
En las últimas semanas, cuando se supo que el Congreso de Florida
estaba dando los últimos detalles al proyecto, el embajador de Canadá en
Estados Unidos manifestó su preocupación al Departamento de Estado. Un
gestión que fue acompañada de otras parecidas por parte de la Cámara de
Comercio de Florida y diplomáticos mexicanos.
Este martes, aunque la ceremonia de la firma de la ley, realizada en
la histórica Torre de la Libertad donde hace 50 años arribaron los
primeros refugiados cubanos, estuvo plagada de sonrisas y abrazos,
muchos políticos y empresarios admitieron a ELMUNDO.es que
es difícil aplicar una ley que limita las relaciones comerciales con los gobiernos municipales.
Una de la razones, que ahora hasta Scott reconoce, es que entra en un
terreno que es coto de caza del Gobierno federal, la política exterior.
Aunque el ex representante federal republicano,
Lincoln Diaz-Balart,
dijo a ELMUNDO.es que esta ley "enfatiza y complementa" el contenido de
todos los mecanismos ya existentes del embargo estadounidense a la
isla, lo cierto es que hace unos 10 años los concejales del condado
Miami-Dade intentaron hacer lo mismo, pero el Tribunal Supremo de
Florida anuló la decisión, precisamente con el argumento de que era un
asunto de la incumbencia del Gobierno federal.
Nadie ha presentado una queja todavía ni ha acudido a los tribunales,
pero Díaz-Balart precisó que una demanda así solo deberá ser
introducida si "hay un daño probado". "Esto no es retroactivo. Cuando
haya una nueva licitación y esa empresa cree que sufrió un daño al no
recibir un contrato, puede ir ante un juez y presentar sus argumentos",
dijo el ex congresista federal.
Pero los especialistas en negocios internacionales no lo tiene tan
claro. "Esto levanta muchos problemas, como el de la privacidad. A las
empresas no les gusta divulgar su portafolio de negocios, no tienen por
demás porque hacerlo", comentó a ELMUNDO.es, el abogado
Carlos Maria Almeida.
En su opinión, la promulgación de la ley estatal responde más a necesidades políticas en un año electoral.
"Tanto demócratas como republicanos están a la caza de todo el voto hispano, esto encaja en eso",
dijo. Hasta el diario 'El Nuevo Herald' parece admitir el detalle.
Conocido por sus posturas próximas a los exiliados cubanos, en una nota
no firmada al noticiar la firma de la ley, el rotativo dijo que "la
firma de esta ley por parte de Scott es visto como un gesto de su parte
para con los votantes cubanoamericanos mayores, un codiciado grupo
electoral".
El rotativa insinúa que el Gobernador Scott hizo un favor político
para frenar el impacto negativo que tuvo su veto a otra ley que los
exiliados querían impulsar. "A principios de abril, como parte de su
veto al presupuesto estatal, el gobernador cortó 500.000 dólares que
habían sido destinados para un nuevo museo en honor a la invasión de
Bahía de Cochinos". En 1961 exiliados cubanos desembarcaron en la costa
sur de Cuba, con el apoyo de la administración de John F. Kennedy.
